China promulgó hoy lunes una norma sobre la reconstrucción después del devastador terremoto ocurrido el pasado 12 de mayo en el distrito de Wenchuan, de la provincia suroccidental de Sichuan.
Se trata de la primera regulación de su tipo en el país, especialmente para un único terremoto de gran magnitud, y permitirá encauzar los trabajos de reconstrucción sobre una base legal.
El primer ministro del país, Wen Jiabao, firmó ayer domingo una orden del Consejo de Estado (gabinete chino) para permitir que esta regulación entre en vigor hoy, mientras el gobierno ha autorizado que la Agencia de Noticias Xinhua publique el texto íntegro de la nueva norma.
La regulación, que establece las directrices que deben guiar las tareas de reconstrucción, proporciona una importante base legal para los trabajos de reconstrucción de los diversos departamentos y regiones afectados por el seísmo, declaró un portavoz de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Consejo de Estado.
Asimismo, indicó que la regulación garantizará la vida estable, la producción y las condiciones para estudiar y trabajar en las zonas azotadas por el temblor más fuerte de las últimas tres décadas en China.
La regulación, con nueve capítulos y 80 estipulaciones, comprende el alojamiento provisional de los habitantes afectados, la planificación de la reconstrucción, la evaluación, el financiamiento, las políticas, la supervisión y la gestión, así como las obligaciones legales.
También introduce requisitos especiales sobre los niveles de resistencia al terremoto para la construcción de infraestructuras en las zonas sacudidas por el seísmo, incluyendo escuelas y hospitales.
De acuerdo con la regulación, los departamentos pertinentes deben gestionar adecuadamente la ubicación de las viviendas temporales y sus instalaciones de apoyo, así como la distribución de fondos y materiales.
La nueva norma también exige a los gobiernos a distintos niveles que publiquen de manera regular la fuente, la cantidad, la distribución y el uso de los fondos y mercancías de auxilio y reciban la supervisión pública.
Además, indica que los órganos de auditoría deben intensificar su vigilancia sobre el capital y las mercancías destinados a la reconstrucción y permitir el acceso del público a esta información de manera regular. Fin
