A continuación se presentan los principales datos sobre la actuación de la fiscalía china en los últimos cinco a?os, dados a conocer en el informe de trabajo presentado hoy en Beijing por Jia Chunwang, fiscal general de la Fiscalía Popular Suprema, en la tercera reunión plenaria de la I Sesión de la XI Asamblea Popular Nacional, máximo órgano legislativo chino.
-- Entre 2003 y 2007, los órganos fiscales chinos aprobaron la detención de más de 4,23 millones de sospechosos de diversos crímenes y procesaron a 4,69 millones de personas, un aumento del 20,5 y 32,8 por ciento, respectivamente, en relación al anterior periodo quinquenal.
-- Más de 209,000 funcionarios gubernamentales fueron investigados por las autoridades fiscales por ser involucrados en unos 180.000 casos de malversación de fondos públicos, sobornos y negligencia de deberes en los últimos cinco a?os, una reducción del 13,2 y 9,9 por ciento frente al anterior período quinquenal. Pero el número de los condenados se elevó en un 30,7 por ciento para situarse en cerca de 117,000.
-- Los órganos fiscales del país investigaron a 35 funcionarios con rangos superiores al nivel provincial o ministerial, 930 al nivel municipal y cera de 14.000 con rangos superiores al nivel de distrito acusados de cometer fraudes, aceptar sobornos y malversar fondos públicos en los últimos cinco a?os.
-- Las fiscalías detuvieron a un total de 4.547 funcionarios fugitivos sospechosos de corrupción, recuperando más de 24.480 millones de yuanes que de otro modo representarían pérdidas económicas para el Estado.
-- Los órganos fiscales investigaron cerca de 35.000 casos de violación de derechos políticos y civiles de los ciudadanos, que involucraron a 42.010 funcionarios, en los últimos cinco a?os. De ellos, 16.060 fueron probados culpables, 2,3 veces sobre el lustro anterior.
-- Cerca de 1.200 funcionarios gubernamentales fueron procesados por encubrir accidentes de seguridad laboral de mayor escala o dar permisividad a la producción ilegal que condujo a graves consecuencias.
-- El número de sospechosos criminales que se encontraban bajo custodia ilegalmente prolongada por los departamentos de policía fue reducido a 85 en 2007 de los cerca de 25.000 en 2003.
